Desde el punto de vista jurídico, el juicio del día 24 de julio de 2007 reúne unas características que merecen la pena ser destacadas.

En primer lugar, se trata de otro caso de criminalización de actos de protesta pacíficos. Desgraciadamente es una evidencia que en Navarra se castigan casos que en otros lugares no son merecedores de ningún reproche penal.

En segundo lugar es interesante destacar tres aspectos concretos

• El día 24 de julio de 2007 se van a juzgar unos hechos ocurridos los días 16, 17 y 18 de junio de 2003. Es decir más de cuatro años antes.

La prolongación del procedimiento durante más de cuatro años, tratándose de unos hechos claros y que no han sido objeto de ninguna investigación ni policial ni judicial, no solo ha supuesto un castigo anticipado para las 19 personas enjuiciadas, sino que además atenta grave y frontalmente con su derecho a un juicio sin dilaciones indebidas.

• Lo que se juzga como delito es el hecho de encadenarse en unos edificios de la localidad de Itoiz para protestar contra su derribo. Se acusa a 19 personas de un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad, pidiendo el Fiscal una pena de NUEVE MESES DE PRISION para cada una de ellas.

La petición fiscal en este caso contrasta notablemente con su actuación en casos similares, en el que el hecho de encadenarse no ha sido considerado delito por los distintos Juzgados con la aprobación de la fiscalía. (protestas por los desalojos de Artozki o del Euskal Jai, encadenamientos en protesta por la construcción del pantanos de Itoiz, etc.).

En muchos de estos casos los hechos han sido archivados sin oposición de la fiscalía. En otros casos, hechos prácticamente idénticos (sin ir más lejos, el desalojo de Artozki) han sido enjuiciados como faltas, con penas de multa, en el peor de los casos.

¿Qué tiene de especial este juicio para merecer un tratamiento tan diferenciado de los otros?.

• El Gobierno de Navarra se ha personado en el procedimiento solicitando que los 19 acusados paguen:

los salarios de los policías forales que intervinieron en el desalojo (horas ordinarias y extraordinarias).
su manutención durante los tres días que duró el desalojo, comidas y cenas (¿no desayunan los agentes de la Policía Foral?) en lugares tan lejanos de Itoiz como una cafetería en la Avda. Carlos III de Pamplona/Iruña, Imarcoain, o Arre y decenas de cervezas.

Este asunto podría hasta considerarse gracioso si no fuese porque, por esta vía, el Gobierno de Navarra pretende cobrar de los 19 acusados nada menos que 36.022,41 euros.

En definitiva, nos encontramos ante un caso flagrante de miseria político - judicial. Todo este proceso desde su principio hasta este momento han sido un ejemplo de hasta dónde puede llegar el espíritu de venganza y la voluntad de hacer daño a quien disiente.

Las detenciones se realizaron en un marco de violencia policial gratuita, el proceso judicial ha se ha prolongado durante más cuatro años, el Fiscal ha solicitado penas en cuantía superior a cualquier otro caso similar y el Gobierno de Navarra pretende castigar su bolsillo.

Sea por miedo o por odio (en el fondo es lo mismo: se odia lo que se teme y se teme lo que se odia), nos encontramos ante otra situación de abuso, de utilización de la ley con fines políticos, de venganza y miseria humana.